Desde el organismo provincial buscan evitar confusiones respecto del estado de la medida del Poder Ejecutivo para reglamentar un artículo de la ley electoral. Aseguran que las expresiones de un senador provincial de la oposición “escapan a la realidad”.
La Fiscalía de Estado en pos de evitar confusiones en el electorado aclara, que ante las manifestaciones erróneas expresadas por el Senador Provincial de Partido Justicialista (PJ) Martín Barrionuevo, respecto de la resolución de Constitucionalidad del Decreto Provincial N° 1.260, el cual reglamenta un artículo de la ley electoral provincial, que las actuaciones continúan en el ámbito de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de la Provincia.
En tal sentido, el Fiscal de Estado de la Provincia, Horacio David Ortega, expresó que lo expuesto por el dirigente justicialista en la red social X (ex twitter), “no se ajusta a la realidad” poniendo de manifiesto que “tanto la medida cautelar como la cuestión de fondo que plantearon las fuerzas políticas, ambas se encuentran bajo apelación”.
“Hemos cumplido con las instrucciones dadas por el Gobernador, Gustavo Valdés, y hemos apelado todas las instancias y todas las resoluciones que han sido desfavorables a la reglamentación del Decreto 1.260, las cuales han intentado declararlo inconstitucional y no aplicable. Tanto la medida interpuesta por los apoderados del arco opositor, como así también la que se dispuso por uno de los partidos políticos, que hoy es aliado al oficialismo, tienen interpuesto el recurso de apelación, el cual se encuentra tramitándose en la Cámara”.
En tanto, que dejó en claro que hasta el momento la Fiscalía de Estado no ha tomado conocimiento de un supuesto amparo, que se está oficiando y que le fuera notificado al titular del Poder Ejecutivo.
“Correspondería que este tipo de medidas se notifique, expresamente, a la cartera a mi cargo. Asimismo hay que aclarar, respecto de la cautelar que se dispuso, que interviene un juez incompetente para tal fin. No obstante, también ha sido puesta en conocimiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, a través de un pedido de abocamiento para que resuelva esta cuestión, ya que tiene el mismo objeto, que la causa principal que era el pedido que habían hecho las distintas fuerzas políticas de la oposición, para declarar la inconstitucionalidad del decreto”, explicó Ortega.
“La cautelar presentada por los apoderados del Partido Nuevo, se debería haber interpuesto ante la jueza con competencia electoral y no ante un juez de Ejecución de Tributaria como los es el doctor Alejandro Aquino Britos. Ahora esperamos que sean las juezas de la Cámara, quienes resuelvan la cuestión de fondo”, aclaró el Fiscal de Estado.
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